Derogación del Decreto 18-2008 profundiza la injusticia
y el conflicto en el área rural
(Mujeres y hombres en asamblea, Movimiento de Mujeres 10 de junio. Esparta, Atlántida.
Fotos: Giorgio Trucchi)
por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
El pasado 14 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) derogó el Decreto 18-2008. Con esa conquista, las organizaciones campesinas habían logrado echar a andar una posible solución para el delicado tema de la “mora agraria”1. Su derogación, fuertemente impulsada por los latifundistas, podría agravar el conflicto agrario en el país.
De acuerdo con el informe “Reforma Agraria y Conflicto Agrario en el Bajo Aguán”, elaborado por el director ejecutivo de FIAN Internacional en Honduras, Gilberto Ríos, casi la mitad de la población rural hondureña vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios, y cerca del 25 por ciento con menos de 25 centavos de dólar. En este sentido, si utilizamos como línea de pobreza el costo de la canasta básica, en el área rural se obtiene que "2,8 millones de hondureños del sector viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural”, expresa el informe de Ríos.
La lucha reivindicativa campesina para el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna logró un primer avance con la aprobación del Decreto 18-2008, con el que se comenzó a resolver los conflictos generados por la “Mora Agraria”.
La decisión de la CSJ evidencia la falta de interés en encontrar una salida a la grave problemática que se vive en la zona rural de Honduras, y que está provocando una profundización de los conflictos.
Como ha podido constatar la Misión Internacional -que en estos días está evaluando la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán- los conflictos agrarios han dejado un preocupante saldo de muertos, heridos y perseguidos.
“La derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución de la problemática agraria hondureña al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza. Además -continúa Ríos en su informe-, incentiva las tomas de tierra como única salida a la inexistencia de políticas públicas que cumplan con el mandato constitucional y los convenios internacionales, especialmente cuando se trata de los derechos económicos, sociales y culturales, que hablan de aspectos tan básicos para la dignidad humana”.
Acción y reacción
“Ante esta injusta decisión de la CSJ, las organizaciones campesinas reaccionamos con movilizaciones y tomas de carreteras. Estamos avisándole al régimen de facto de Porfirio Lobo que no estamos de acuerdo con esta decisión y que la protesta se va a intensificar”, dijo a la Misión Internacional el directivo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Santos Cruz.
Según Cruz, esta decisión ya ha provocado varios desalojos violentos y hay miles de personas que están quedando sin respaldo legal, sobre tierras que están en su posesión desde hace décadas.
“La gente está hastiada y no está dispuesta a dejar que la desalojen de sus tierras. Habrá tomas de carreteras en el Bajo Aguán y en todo el país, y la situación puede volverse muy difícil. Si la ley ya no nos ampara, vamos a defender lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Aquí no se trata solamente del Decreto -continuó Cruz-, sino de una situación insostenible que vivimos los campesinos y de nuestro derecho a la tierra.
Los terratenientes y productores palmeros están encendiendo el fuego. Es muy probable que en los próximos meses haya movilizaciones y tomas de tierras en todo el país”, concluyó el directivo de la CNTC.
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