la crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán

COMUNICADO DE PRENSA

Misión internacional alerta sobre la crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán

               

Del 25 de febrero al 4 de marzo de 2011 una Misión internacional compuesta por seis redes y organizaciones internacionales1, apoyada por organizaciones nacionales2, realizó una investigación in situ para evaluar la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán. En este marco, mantuvo reuniones con diversas organizaciones y comunidades campesinas, así como con autoridades tales como la Fiscalía, jueces y el Instituto Nacional Agrario (INA) a nivel regional. También se entrevistó con representantes de la comunidad internacional, Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Comisión de Verdad.

A partir de la verificación realizada, la Misión internacional constata una severa crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán, cuyos elementos principales son:

• De enero 2010 hasta la fecha, 19 campesinos pertenecientes a organizaciones del Bajo Aguán han sido asesinados y según la Fiscalía, en ninguno de estos casos se han presentado órdenes de detención. En la mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho una investigación inicial, por lo que existe un alto riesgo de que todos estos casos queden en total impunidad.
• Múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, incluyendo amenazas y hostigamientos permanentes a dirigentes e integrantes de las organizaciones campesinas, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de las empresas de seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes de la zona. Además, la Misión ha conocido de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y casos de abusos sexuales.
• Continúan los desalojos forzosos violatorios del derecho a la alimentación, vivienda, salud, de los asentamientos campesinos, en flagrante violación de los estándares establecidos en el derecho internacional y del debido proceso.
• Incumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos políticos que obligan a las instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras del anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las empresas campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA); a transferir antes del 13 de abril del 2011 un total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre la tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
• Asimismo, los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda hasta la fecha han sido incumplidos.
• En vez de políticas y medidas contundentes para resolver la problemática agraria en la zona, se observa un proceso de estigmatización y criminalización de la lucha campesina, lo que incluye detenciones arbitrarias, 162 personas procesadas y una persecución sistemática contra la dirigencia campesina.

EN CONCLUSIÓN:

La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades. Los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos.

Ante esta situación, la Misión hace un llamado a las autoridades nacionales a cumplir con su deber de investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos contra campesinas y campesinos en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales. Igualmente, cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, y adoptar  medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo. Además, cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos firmados para facilitar el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda de las comunidades que permanecen en situaciones precarias. 

Es necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que en Honduras es un mandato constitucional.

En este contexto, la comunidad internacional juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica que el cuerpo diplomático debe contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán asegurando que su cooperación se condicione al respecto irrestricto de los derechos humanos.

Además, la comunidad internacional debe procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

 Las organizaciones internacionales que han integrado esta Misión harán visibles los hallazgos de esta investigación mediante de un informe que será entregado a la Comisión de Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional, y seguirán monitoreando muy de cerca el desarrollo de la situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y en contra de la impunidad en el Bajo Aguán y en el país.

Tegucigalpa, 4 de marzo de 2011

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1 APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias), CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México), FIAN Internacional, FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) y Vía Campesina Internacional.

2 CDM (Centro de Derechos de Mujeres), CIPRODEH (Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras), COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), Comisión de Verdad, FIAN Honduras,  Vía Campesina Honduras y la Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza (HEKS).

Un régimen inculto y torpe

 El magisterio nacional se encuentra enfrentado a uno de sus momentos más cruciales en la historia hondureña. Su lucha tiene una incidencia capital en la refundación de Honduras. Su lucha es también nuestra lucha.

Por Samuel Trigueros

“La ignorancia se supera, la embriaguez se cura; pero la estupidez dura toda la vida”.

Aristófanes

Desde su bárbara ascensión al poder de la nación, mediante el uso de las armas (lo cual puso al pueblo en posición y derecho de invocar el artículo 3 de la Constitución de la República), la cúpula política, militar, empresarial y religiosa de Honduras –tanto en la dictadura de Micheletti como en la administración de su depositario de ilegalidad y sucesor, Porfirio Lobo Sosa- no ha dejado de dar muestras de su naturaleza inculta y torpe para todo aquello que represente interés a favor de las mayorías, respeto a los derechos humanos y la ley, reconocimiento de la legitimidad del pueblo y uso de la fuerza de la razón.

En cambio, la persecución política, administrativa y física, la represión y muerte decretada en cámaras privadas y metódicamente negada como política de Estado por Pepe Lobo y sus secuaces, el continuado golpe a las conquistas laborales de diferentes gremios; la crucifixión económica del pueblo, consumada por el patrocinio estatal de los oligopolios y monopolios, de la expoliación de tierras y demás recursos naturales al campesinado para favorecer al terrateniente Miguel Facussé y otros señores feudales, la brillante “ubicación estratégica” de funcionarios fascistas en la mayor parte de dependencias del Estado y la empresa privada -además del despliegue de obtusas cajas de resonancia en los medios corporativos de comunicación- conforman un aparato cuidadosamente estructurado para perpetuar la exclusión, la injusticia social y la miseria en que se ceba una casta dominante ignominiosa que sólo entiende y reparte la razón de la fuerza.

Son célebres y ruines las frases y actos de estos señores y señoras ante la comunidad nacional e internacional, en exhibición cavernaria de sus atroces méritos. Durante la dictadura Michelettista el premio mayor en la categoría de “Burrada más grande” (con el perdón de los inocentes solípedos) se lo disputaron Ramón Custodio, Mirna Castro, Enrique Ortez Colindres, Juan Ramón Martínez, Oscar Andrés Rodríguez, Romeo Vásquez, César India(s)no y otros de la misma estirpe. A algunos de ellos, que continúan aportando a la antología de la idiotez, se les ha unido personajes como Daniela Navarrete,  Segisfredo Infante, Fito Facussé y….bueno, la lista es larga.

Sin embargo, la más reciente de esas joyas del pensamiento y la acción política provienen del cabecilla Porfirio Lobo (voz y emblema del humanismo cristiano), quien las dedicó al gremio magisterial, a la resistencia popular y, por ende, al pueblo hondureño. En comparecencia nacional televisada, procedió a perpetrar un robo en descampado, al ordenar a su ministro de finanzas que no transfiriera al Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA) los fondos retenidos a cada educador ¿No hubo leguleyo o asesor que le dijera que estaba cometiendo uno más de los delitos de proporciones descomunales a los que él y su camarilla están acostumbrados, sólo que esta vez en televisión nacional? Acto seguido, ya en camino a su casita en El chimbo, carretera a Valle de Ángeles, aseguró que: “Si un maestro no quiere dar clases, vamos a poner a otro; y si los padre se unen a los maestros, entonces VOY a cerrar esos colegios” ¡Caramba! ¡Salomónica decisión presidencial! Otro antológico momento de idiotez, prepotencia y autoritarismo. No en vano en la campaña anterior su eslogan fue “Mano dura” y su estandarte un guantelete medieval.

En genial jugada política, momentos antes también increpó a los padres y madres de familia al asegurar que: “El padre o madre que no exija que los maestros den clases a sus hijos está permitiendo un daño de proporciones que nadie se imagina a los niños, a la sociedad y a toda Honduras”. De ese modo, “sacando el cuerpo” sin que nadie lo viera (según él), Pepe Lobo reduce el problema de la educación hondureña a un pleito entre padres de familia y maestros, soslayando por completo la responsabilidad estatal y de él mismo como administrador de la crisis que heredó de Roberto Micheletti. La derogación del artículo que dejó en suspenso –sin consecuencias suficientemente analizadas hasta ahora- el Estatuto del Docente no es toda la causa del conflicto educativo (porque es conflicto y porque educa), como aseguran las cacatúas del régimen ¿Acaso la responsabilidad del estado de postración estructural de la educación hondureña no está repartida entre maestros, padres de familia y, mayoritariamente, las sucesivas administraciones públicas? Enfrentar a padres y maestros es un acto cobarde de Porfirio Lobo Sosa, títere vergonzante de los intereses capitalistas.

La señora Mercedes Saravia, ha sido “educada” e instrumentalizada como punta de lanza para hacer el trabajo sucio del régimen en materia educativa. En poco tiempo le han “enseñado” a mezclar, macarrónicamente, en sus discursos palabras y términos como: “Estatuto, derogar, maestros, vándalos, estructura presupuestaria, etcétera, sobre todo etcétera”.  En el estamento gubernamental Alejandro Ventura cumple el mismo rol, en detrimento de su propio gremio. La avanzada capitalista contra las conquistas laborales, en este caso del magisterio, arrecia a medida que el Frente Nacional de Resistencia Popular alcanza mayor organización y cohesión, en el entendido de que los maestros y maestras hondureños son uno de los bastiones más importantes –por su organicidad forjada a lo largo de los años- en la lucha popular. Intentar debilitar o pulverizar este sector significa para los grupos de poder quitarse un estorbo más para sus intereses mezquinos y, de paso, debilitar a la resistencia. Irónicamente, el cacareado argumento de que el Estatuto del Docente convierte a los maestros en una clase privilegiada, proviene de los exclusivos altoparlantes de una derecha que concibe a Honduras como su botín personal, acostumbrada a excluir al pueblo de las decisiones que tienen que ver con su subsistencia.

Si bien es cierto que la relación gobierno-padres-maestros que afecta (positiva y negativamente) el proceso educativo debe ser revisado -sobre todo para fortalecer el proceso de liberación nacional y oponerse a la transnacionalización-, ninguna de las conquistas sociales que el Estatuto del Docente representa para los maestros es ilegal, desproporcionada o anticonstitucional en términos de aspiración humana a una mejor calidad de vida. Si algún privilegio tienen los maestros es el de constituir uno de los sectores poblacionales más organizados y beligerantes en la defensa de sus derechos. No se trata de quitarles a ellos lo que con sacrificio e incluso muerte han logrado, sino de emularlos en su práctica organizativa y de lucha para que sus conquistas sociales dejen de ser la excepción y se conviertan en el común denominador del resto de la población hondureña.

La municipalización de la educación nacional es el paso previo a su privatización. Las exigencias de las universidades privadas (seguramente con la bendición del Cardenal Rodríguez, cuyas enjoyadas manos amasan réditos de una de ellas)  de participar en igualdad de condiciones con las universidad pública en lo referente a rectorar la educación superior es nada más otro de los azadonazos contra los bienes tangibles e intangibles del pueblo hondureño. La descentralización de responsabilidades sociales, trasladándolas a municipios que, en gran porcentaje, carecen de buenas prácticas en el manejo fiscal por parte de una burocracia política inculta, anquilosada y dedicada al latrocinio, no puede dar como resultado más que la anunciada declaratoria de incapacidad de los munícipes para asumir ese rol, con lo cual se abrirían las puertas a la educación transnacional, con sus empresas dedicadas al diseño, monitoreo, evaluación y reformulación del diseño curricular, la producción de materiales educativos y la capacitación de los educadores.

Por supuesto que es necesario que los municipios y, sobre todo,  las personas que viven en los municipios tengan participación directa en la formulación, aplicación y auditoría social de la educación; que sus dinámicas culturales estén reflejadas en el tipo de educación que reciben; pero eso no significa que el gobierno como administrador del Estado se desentienda de sus responsabilidades, sobre todo cuando es para profundizar la crisis y sacar provecho privado de ello. En un país donde el 6,7% del total de municipios (unos 20) concentran el 49% de la población y los 278 restantes concentran la otra mitad poblacional, resulta incomprensible y canalla pretender que un municipio con el mínimo poblacional, sin infraestructura básica, con caciques impuestos como achichincles del diputado, con empolvados registros contables, dedicados a la mera sobrevivencia, tenga además que cargar con una responsabilidad que el mismo pueblo ha delegado en sus gobernantes, quienes administran sus dineros y demás bienes. En suma, esto no es más que fortalecer los mecanismos de olvido y exclusión contra los cuales la masa popular se encuentra levantada y en lucha.

Los hechos que demuestran que este es el régimen más inculto y torpe (ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua) que nos ha tocado sufrir son muchos y siguen sumando. El proceso refundacional de Honduras tiene que pasar ineludiblemente por un análisis profundo que revolucione las prácticas viciadas de maestros, alumnos, padres de familia y gobernantes. El pueblo en resistencia, sobre todo los maestros/as, así lo ha entendido. Falta que lo entiendan quienes hoy ocupan ilegítimamente el poder estatal y dan lecciones magistrales de barbarie.

Tegucigolpe, 3 de marzo de 2011

¿En qué consiste el socialismo del siglo XXI?

P. En síntesis: ¿en qué consiste este nuevo socialismo?

R. Dicho en una frase:

En que las mayorías tengan el mayor grado de decisión históricamente posible en las instituciones económicas, políticas, culturales y militares, que rigen su vida.

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Entrevista a Heinz Dieterich

"En Venezuela se han creado condiciones para construir el Socialismo del Siglo XXI"

P. Profesor Dieterich, ¿Usted inventó el concepto “Socialismo del Siglo XXI”?

R. Sí. Lo elaboré a partir de 1996. Fue publicado junto con la teoría correspondiente en forma de libro, a partir del 2000 en México, Ecuador, Argentina, Centroamérica, Brasil, Venezuela y, fuera de América Latina, en España, Alemania, la República Popular de China, Rusia y Turquía. Desde el 2001 ha sido asimilado en todo el mundo. Presidentes como Hugo Chávez y Rafael Correa lo utilizan constantemente, al igual que movimientos obreros, campesinos, intelectuales y partidos políticos.


Junto con la teoría del socialismo del siglo XXI avancé la teoría de la transición latinoamericana que se plasmó en conceptos claves como el Bloque Regional de Poder (BRP), también ya de uso generalizado en América Latina. En cambio, el concepto Bloque Regional de Poder Popular (BRPP) fue propuesto por un amigo venezolano, Douglas Pérez, en una reunión de trabajo hace tres meses.


P. En síntesis: ¿en qué consiste este nuevo socialismo?

R. Dicho en una frase: En que las mayorías tengan el mayor grado de decisión históricamente posible en las instituciones económicas, políticas, culturales y militares, que rigen su vida.


P. Hay políticos e intelectuales de izquierda que dicen que nadie sabe cómo construir el socialismo. ¿Por qué Usted sostiene lo contrario y por qué el Presidente Chávez pretende construir lo imposible?

R. Porque esa afirmación es plenamente falsa. Y por más que se repita, sigue siendo falsa. La ciencia contemporánea no deja ninguna incógnita sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, o su diferencia con el capitalismo contemporáneo y el socialismo histórico. Y tampoco, como hay que construirlo hoy día. Es, simplemente, una posición epistemológica equivocada.


P. A su juicio, ¿ha habido algún país socialista en la época moderna?

R. Depende de los criterios que se usen para tal juicio. Como científico economista y sociólogo, prefiero los parámetros que utilizaron Marx y Engels: economía de valor y democracia participativa. Y bajo esos criterios no ha habido una sociedad socialista desde la Revolución Francesa, aunque sí, muchos heroicos y trágicos intentos de lograrla.

P. ¿Hay condiciones para implementar el socialismo del siglo XXI en Venezuela?

R. Sí, ahora sí las hay. Menciono solo algunos. Dos tercios de la población votaron por el Presidente con pleno conocimiento de su bandera del Socialismo del Siglo XXI. Esto es un mandato sustancioso de los ciudadanos. El avance del sistema educativo, económico y de la conciencia del pueblo han sido notables. La integración latinoamericana y la destrucción de la Doctrina Monroe parecen ya imparables. Las Fuerzas Armadas ahora son confiables y tres sectores claves de la economía nacional están en manos del gobierno: el Estado, PdVSA-CVG, y más de cien mil cooperativas.

P. ¿Cuál sería el paso decisivo que tendría que dar el Presidente para llegar al Socialismo del Siglo XXI en Venezuela?

R. Son dos: 1. reemplazar gradualmente el principio regulador de la economía de mercado, el precio, por el principio regulador de la economía socialista, el valor, entendido este como los insumos de tiempo (time inputs) necesarios para la generación de un producto; 2. avanzar la participación económica de ciudadanos y trabajadores en tres niveles: 1. en lo macroeconómico (p.e., el presupuesto nacional); 2. en lo mesoeconómico (municipio) y, 3. en lo microeconómico (empresa).

P. ¿La economía del socialismo del siglo XXI es, entonces, un trueque?

R. No, esto es tan erróneo como la afirmación de que nadie sabe como construir el socialismo del siglo XXI. El problema de la injusticia económica no reside en el dinero. No tiene que ver con que una economía sea monetarizada o si funciona con el intercambio en especie (por permuta). En la relación explotativa entre el esclavo y el amo, una vez amortizado el pago inicial, no interviene el dinero, y es una de las más brutales que conoce la historia.


Injusticia existe, cuando se intercambia un producto “A” por un producto “B”, y sus valores ---el tiempo laboral necesario para producir cada uno de ellos--- no son iguales; es decir, cuando no se cambian equivalentes. Si se monetariza ese intercambio de valores desiguales (esfuerzos laborales desiguales), es decir, si se expresa en forma monetaria o natural, es secundario.


P. ¿Cuál sería, entonces, el paso decisivo del Presidente?

R. No es la estatización generalizada de la propiedad privada, porque no resuelve el problema cibernético del mercado. No lo hizo en el pasado y no lo haría hoy. El socialismo hoy día es esencialmente un problema de complejidad informática. De ahí, que el paso trascendental consiste en establecer una contabilidad socialista (valor) al lado de la contabilidad capitalista (precio), en el Estado, en PdVSA-CVG, y en las cooperativas, a fin de construir un circuito económico productivo y de circulación paralelo al de la economía de mercado capitalista. La economía de las entidades estales y sociales puede desplazarse paso a paso hacia la economía de valor y ganándole terreno al circuito de reproducción capitalista, hasta desplazarlo en el futuro. Dado que las escalas de valorización por precios, valores y también volúmenes, son comensurables, no hay rupturas en los intercambios económicos que podrían causarle un problema político al gobierno. En todo esto juegan un papel importante el Estado y las mayorías, pero ambas están hoy día mayoritariamente con el proyecto del Presidente.

Generar este circuito paralelo de la economía de valor sería relativamente fácil, porque los valores existen en forma subyacente en la actual contabilidad capitalista. De tal manera, que con el desarrollo de un software respectivo sería muy fácil establecer este circuito económico socialista al lado del capitalista. Sin este paso a la economía de equivalencia, no hay posibilidad de tener una economía socialista.

UNA EPISTOLA POR LA UNIDAD de nuestra compañera Helen Umaña

Amigos de Palabra en llamas:
 
Totalmente de acuerdo con la nota con la cual ustedes presentan el artículo de Mario Gallardo. Básicamente, en él se advierte el deseo de prevenirnos contra los autoritarismos, nefastos en cualquier circunstancia, máxime tratándose de personas que, por la misma índole de su trabajo, están dedicadas a la reflexión y a la actitud crítica y dialógica.
 
Los artistas, los intelectuales (con las excepciones de rigor), tradicionalmente, a lo largo de la historia, han desempeñado un importante rol en los distintos movimientos sociales de carácter transformador. Por lo mismo, en las difíciles circunstancias por las cuales atraviesa el país, no podemos consumir energías en el ataque personal o en la descalificación de los grandes esfuerzos que muchos y muchas han realizado para fortalecer al FNRP.
 
Que la búsqueda de unidad (la gran consigna de la histórica asamblea del 26 de febrero) guíe nuestras búsquedas. Que se multipliquen los colectivos culturales (para contribuir a los 25 mil de la carta del presidente M. Z.) es una aspiración legítima y necesaria. Que no se vean como competencia de los ya existentes. En tanto se sumen a los grandes objetivos del FNRP, debemos brindarles la mano solidaria. Esa era la motivación de mi adhesión a la propuesta de S. Trigueros. En ningún momento, la intención de socavar lo que los buenos amigos y amigas de los distintos colectivos han realizado. Una acción de suma y no de resta. 
 
A todos y todas (sin excepción) mi cariño y reconocimiento a sus casi dos años de trabajo permanente. Guardo, como auténtico tesoro histórico y literario, poemas, canciones, fotografías, carteles, etc. Cada uno comprueba su incansable labor. Todos, realizados con esfuerzos y, muchas veces, bajo la sombra ominosa de la terrible represión que, a muchos y muchas, incluso, ha alcanzado bajo la forma de despidos laborales, gaseadas, capturas. Para no hablar de varios muertos contabilizados en nuestras filas. Por todo ello no podemos permitirnos el lujo de las discusiones estériles. Sí, de las propositivas. Las que alumbran el camino para un mejor trabajo. 
 
Un abrazo fraterno,
 
h.u.    

El derecho a la tierra es derecho a la vida

Derogación del Decreto 18-2008 profundiza la injusticia

y el conflicto en el área rural

(Mujeres y hombres en asamblea, Movimiento de Mujeres 10 de junio. Esparta, Atlántida.

Fotos: Giorgio Trucchi)

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA


El pasado 14 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) derogó el Decreto 18-2008. Con esa conquista, las organizaciones campesinas habían logrado echar a andar una posible solución para el delicado tema de la “mora agraria”1. Su derogación, fuertemente impulsada por los latifundistas, podría agravar el conflicto agrario en el país.

De acuerdo con el informe “Reforma Agraria y Conflicto Agrario en el Bajo Aguán”, elaborado por el director ejecutivo de FIAN Internacional en Honduras, Gilberto Ríos, casi la mitad de la población rural hondureña vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios, y cerca del 25 por ciento con menos de 25 centavos de dólar. En este sentido, si utilizamos como línea de pobreza el costo de la canasta básica, en el área rural se obtiene que "2,8 millones de hondureños del sector viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural”, expresa el informe de Ríos.

La lucha reivindicativa campesina para el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna logró un primer avance con la aprobación del Decreto 18-2008, con el que se comenzó a resolver los conflictos generados por la “Mora Agraria”.

La decisión de la CSJ evidencia la falta de interés en encontrar una salida a la grave problemática que se vive en la zona rural de Honduras, y que está provocando una profundización de los conflictos.

Como ha podido constatar la Misión Internacional -que en estos días está evaluando la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán- los conflictos agrarios han dejado un preocupante saldo de muertos, heridos y perseguidos.

“La derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución de la problemática agraria hondureña al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza. Además -continúa Ríos en su informe-, incentiva las tomas de tierra como única salida a la inexistencia de políticas públicas que cumplan con el mandato constitucional y los convenios internacionales, especialmente cuando se trata de los derechos económicos, sociales y culturales, que hablan de aspectos tan básicos para la dignidad humana”.

Acción y reacción

“Ante esta injusta decisión de la CSJ, las organizaciones campesinas reaccionamos con movilizaciones y tomas de carreteras. Estamos avisándole al régimen de facto de Porfirio Lobo que no estamos de acuerdo con esta decisión y que la protesta se va a intensificar”, dijo a la Misión Internacional el directivo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Santos Cruz.

Según Cruz, esta decisión ya ha provocado varios desalojos violentos y hay miles de personas que están quedando sin respaldo legal, sobre tierras que están en su posesión desde hace décadas.

“La gente está hastiada y no está dispuesta a dejar que la desalojen de sus tierras. Habrá tomas de carreteras en el Bajo Aguán y en todo el país, y la situación puede volverse muy difícil. Si la ley ya no nos ampara, vamos a defender lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Aquí no se trata solamente del Decreto -continuó Cruz-, sino de una situación insostenible que vivimos los campesinos y de nuestro derecho a la tierra.

Los terratenientes y productores palmeros están encendiendo el fuego. Es muy probable que en los próximos meses haya movilizaciones y tomas de tierras en todo el país”, concluyó el directivo de la CNTC.

http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/mision_bajo_aguan/derecho_a_la_tierra-derecho_a_la_vida.htm