Un régimen inculto y torpe

 El magisterio nacional se encuentra enfrentado a uno de sus momentos más cruciales en la historia hondureña. Su lucha tiene una incidencia capital en la refundación de Honduras. Su lucha es también nuestra lucha.

Por Samuel Trigueros

“La ignorancia se supera, la embriaguez se cura; pero la estupidez dura toda la vida”.

Aristófanes

Desde su bárbara ascensión al poder de la nación, mediante el uso de las armas (lo cual puso al pueblo en posición y derecho de invocar el artículo 3 de la Constitución de la República), la cúpula política, militar, empresarial y religiosa de Honduras –tanto en la dictadura de Micheletti como en la administración de su depositario de ilegalidad y sucesor, Porfirio Lobo Sosa- no ha dejado de dar muestras de su naturaleza inculta y torpe para todo aquello que represente interés a favor de las mayorías, respeto a los derechos humanos y la ley, reconocimiento de la legitimidad del pueblo y uso de la fuerza de la razón.

En cambio, la persecución política, administrativa y física, la represión y muerte decretada en cámaras privadas y metódicamente negada como política de Estado por Pepe Lobo y sus secuaces, el continuado golpe a las conquistas laborales de diferentes gremios; la crucifixión económica del pueblo, consumada por el patrocinio estatal de los oligopolios y monopolios, de la expoliación de tierras y demás recursos naturales al campesinado para favorecer al terrateniente Miguel Facussé y otros señores feudales, la brillante “ubicación estratégica” de funcionarios fascistas en la mayor parte de dependencias del Estado y la empresa privada -además del despliegue de obtusas cajas de resonancia en los medios corporativos de comunicación- conforman un aparato cuidadosamente estructurado para perpetuar la exclusión, la injusticia social y la miseria en que se ceba una casta dominante ignominiosa que sólo entiende y reparte la razón de la fuerza.

Son célebres y ruines las frases y actos de estos señores y señoras ante la comunidad nacional e internacional, en exhibición cavernaria de sus atroces méritos. Durante la dictadura Michelettista el premio mayor en la categoría de “Burrada más grande” (con el perdón de los inocentes solípedos) se lo disputaron Ramón Custodio, Mirna Castro, Enrique Ortez Colindres, Juan Ramón Martínez, Oscar Andrés Rodríguez, Romeo Vásquez, César India(s)no y otros de la misma estirpe. A algunos de ellos, que continúan aportando a la antología de la idiotez, se les ha unido personajes como Daniela Navarrete,  Segisfredo Infante, Fito Facussé y….bueno, la lista es larga.

Sin embargo, la más reciente de esas joyas del pensamiento y la acción política provienen del cabecilla Porfirio Lobo (voz y emblema del humanismo cristiano), quien las dedicó al gremio magisterial, a la resistencia popular y, por ende, al pueblo hondureño. En comparecencia nacional televisada, procedió a perpetrar un robo en descampado, al ordenar a su ministro de finanzas que no transfiriera al Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA) los fondos retenidos a cada educador ¿No hubo leguleyo o asesor que le dijera que estaba cometiendo uno más de los delitos de proporciones descomunales a los que él y su camarilla están acostumbrados, sólo que esta vez en televisión nacional? Acto seguido, ya en camino a su casita en El chimbo, carretera a Valle de Ángeles, aseguró que: “Si un maestro no quiere dar clases, vamos a poner a otro; y si los padre se unen a los maestros, entonces VOY a cerrar esos colegios” ¡Caramba! ¡Salomónica decisión presidencial! Otro antológico momento de idiotez, prepotencia y autoritarismo. No en vano en la campaña anterior su eslogan fue “Mano dura” y su estandarte un guantelete medieval.

En genial jugada política, momentos antes también increpó a los padres y madres de familia al asegurar que: “El padre o madre que no exija que los maestros den clases a sus hijos está permitiendo un daño de proporciones que nadie se imagina a los niños, a la sociedad y a toda Honduras”. De ese modo, “sacando el cuerpo” sin que nadie lo viera (según él), Pepe Lobo reduce el problema de la educación hondureña a un pleito entre padres de familia y maestros, soslayando por completo la responsabilidad estatal y de él mismo como administrador de la crisis que heredó de Roberto Micheletti. La derogación del artículo que dejó en suspenso –sin consecuencias suficientemente analizadas hasta ahora- el Estatuto del Docente no es toda la causa del conflicto educativo (porque es conflicto y porque educa), como aseguran las cacatúas del régimen ¿Acaso la responsabilidad del estado de postración estructural de la educación hondureña no está repartida entre maestros, padres de familia y, mayoritariamente, las sucesivas administraciones públicas? Enfrentar a padres y maestros es un acto cobarde de Porfirio Lobo Sosa, títere vergonzante de los intereses capitalistas.

La señora Mercedes Saravia, ha sido “educada” e instrumentalizada como punta de lanza para hacer el trabajo sucio del régimen en materia educativa. En poco tiempo le han “enseñado” a mezclar, macarrónicamente, en sus discursos palabras y términos como: “Estatuto, derogar, maestros, vándalos, estructura presupuestaria, etcétera, sobre todo etcétera”.  En el estamento gubernamental Alejandro Ventura cumple el mismo rol, en detrimento de su propio gremio. La avanzada capitalista contra las conquistas laborales, en este caso del magisterio, arrecia a medida que el Frente Nacional de Resistencia Popular alcanza mayor organización y cohesión, en el entendido de que los maestros y maestras hondureños son uno de los bastiones más importantes –por su organicidad forjada a lo largo de los años- en la lucha popular. Intentar debilitar o pulverizar este sector significa para los grupos de poder quitarse un estorbo más para sus intereses mezquinos y, de paso, debilitar a la resistencia. Irónicamente, el cacareado argumento de que el Estatuto del Docente convierte a los maestros en una clase privilegiada, proviene de los exclusivos altoparlantes de una derecha que concibe a Honduras como su botín personal, acostumbrada a excluir al pueblo de las decisiones que tienen que ver con su subsistencia.

Si bien es cierto que la relación gobierno-padres-maestros que afecta (positiva y negativamente) el proceso educativo debe ser revisado -sobre todo para fortalecer el proceso de liberación nacional y oponerse a la transnacionalización-, ninguna de las conquistas sociales que el Estatuto del Docente representa para los maestros es ilegal, desproporcionada o anticonstitucional en términos de aspiración humana a una mejor calidad de vida. Si algún privilegio tienen los maestros es el de constituir uno de los sectores poblacionales más organizados y beligerantes en la defensa de sus derechos. No se trata de quitarles a ellos lo que con sacrificio e incluso muerte han logrado, sino de emularlos en su práctica organizativa y de lucha para que sus conquistas sociales dejen de ser la excepción y se conviertan en el común denominador del resto de la población hondureña.

La municipalización de la educación nacional es el paso previo a su privatización. Las exigencias de las universidades privadas (seguramente con la bendición del Cardenal Rodríguez, cuyas enjoyadas manos amasan réditos de una de ellas)  de participar en igualdad de condiciones con las universidad pública en lo referente a rectorar la educación superior es nada más otro de los azadonazos contra los bienes tangibles e intangibles del pueblo hondureño. La descentralización de responsabilidades sociales, trasladándolas a municipios que, en gran porcentaje, carecen de buenas prácticas en el manejo fiscal por parte de una burocracia política inculta, anquilosada y dedicada al latrocinio, no puede dar como resultado más que la anunciada declaratoria de incapacidad de los munícipes para asumir ese rol, con lo cual se abrirían las puertas a la educación transnacional, con sus empresas dedicadas al diseño, monitoreo, evaluación y reformulación del diseño curricular, la producción de materiales educativos y la capacitación de los educadores.

Por supuesto que es necesario que los municipios y, sobre todo,  las personas que viven en los municipios tengan participación directa en la formulación, aplicación y auditoría social de la educación; que sus dinámicas culturales estén reflejadas en el tipo de educación que reciben; pero eso no significa que el gobierno como administrador del Estado se desentienda de sus responsabilidades, sobre todo cuando es para profundizar la crisis y sacar provecho privado de ello. En un país donde el 6,7% del total de municipios (unos 20) concentran el 49% de la población y los 278 restantes concentran la otra mitad poblacional, resulta incomprensible y canalla pretender que un municipio con el mínimo poblacional, sin infraestructura básica, con caciques impuestos como achichincles del diputado, con empolvados registros contables, dedicados a la mera sobrevivencia, tenga además que cargar con una responsabilidad que el mismo pueblo ha delegado en sus gobernantes, quienes administran sus dineros y demás bienes. En suma, esto no es más que fortalecer los mecanismos de olvido y exclusión contra los cuales la masa popular se encuentra levantada y en lucha.

Los hechos que demuestran que este es el régimen más inculto y torpe (ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua) que nos ha tocado sufrir son muchos y siguen sumando. El proceso refundacional de Honduras tiene que pasar ineludiblemente por un análisis profundo que revolucione las prácticas viciadas de maestros, alumnos, padres de familia y gobernantes. El pueblo en resistencia, sobre todo los maestros/as, así lo ha entendido. Falta que lo entiendan quienes hoy ocupan ilegítimamente el poder estatal y dan lecciones magistrales de barbarie.

Tegucigolpe, 3 de marzo de 2011