Dana Frank, The Nation, 31 de enero de 2011; TheNation.com 13 de enero 2011.
A medida que nos despertamos a la pesadilla de la nueva Casa de Representantes controlada por los republicanos, los liberales del Congreso tienen ante ellos una prueba inmediata en el frente de América Latina. En la actualidad, los fanáticos de la derecha y representantes del sur de la Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, controlan la Comisión de Asuntos Exteriores y el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, respectivamente, y Honduras es una prioridad en sus agendas. Ellos están desafiando a la administración de Obama porque consideran que ha actuado suavemente con Manuel Zelaya, el presidente de Honduras democráticamente electo que fue derrocado en un golpe de Estado militar el 28 de junio de 2009. También han atacando la renuencia inicial del gobierno de otorgar al régimen de facto su apoyo incondicional.
Ros-Lehtinen y Mack están muy conscientes que Honduras importa muchísimo como un campo de pruebas vulnerables para la ampliación del dominio de Estados Unidos en el hemisferio. Es por ello que los presidentes de casi todos los países de América Latina cerraron filas inmediatamente para condenar el golpe de Estado, conscientes de que podrían ser fácilmente las próximas fichas en la caida del dominó; por eso mismo Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y muchos otros países siguen oponiéndose a la readmisión de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras nos preparamos contra los ataques de los congresistas de la Florida al gobierno de Obama, es importante tener claro lo peligroso que han sido las políticas de Obama en Honduras. Gracias a un cable de Wikileaks, sabemos que Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos en Honduras, informó al Departamento de Estado en julio de 2009 que "no hay duda de que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un ilegal e inconstitucional golpe de Estado." Sin embargo, la secretaria de Estado Hillary Clinton evitó usar la frase "golpe militar", regañó a Zelaya cuando intentó regresar a su país y evitó una condena completa al presidente de facto Roberto Micheletti, tratándolo como Zelaya en condiciones de igualdad en las negociaciones.
El cable filtrado de Llorens pone aún más en tela de juicio a la administración de Obama con su entusiasta abrazo al actual presidente Porfirio "Pepe" Lobo, surgido de una falsa elección en noviembre 2009, que fue dirigida por los golpistas y boicoteada por la mayoría de la oposición y los observadores internacionales. Desde el golpe, los Estados Unidos han construido dos nuevas bases militares en Honduras (en Gracias a Dios y en la isla de Guanaja), han incrementado la ayuda para capacitar la policía y, más recientemente, el 27 de diciembre, anunció que aviones no tripulados operarán conjuntamente en la base de la fuerza aérea de Palmerola.
Mientras tanto, el gobierno sucesor del golpe continúa con su feroz represión de la oposición. El 15 de septiembre, día de la Independencia de Honduras, la policía y los militares invadieron una estación de radio de la oposición, le lanzaron al interior gas lacrimógeno y arrojaron gas lacrimógeno y golpearon a una manifestación pacífica. El 15 de noviembre, paramilitares supuestamente al servicio de Miguel Facussé, un oligarca rico que fue clave en el respaldo al golpe de Estado, asesinaron a otros cinco campesinos activistas en el Valle del Aguán, lugar que permanece bajo ocupación militar. El 8 de enero, Juan Ramón Chinchilla, comunicador y un prominente representante del Frente Nacional de Resistencia en el Valle del Aguán, fue secuestrado y torturado por las fuerzas paramilitares. Él se escapó después de dos días, pero no José Luis Sanabria, un maestro activista en la resistencia, que fue secuestrado el 30 de diciembre en Florida, Copán, y encontrado muerto dos días después. Todo esto continúa prácticamente con impunidad. Como Eduardo David Ardón escribió recientemente en el diario hondureño El Tiempo, "el terrorismo de Estado tiene luz verde para ejercer todo tipo de violencia y cometer crímenes de todo tipo, sin ser juzgados o investigados."
El Departamento de Estado, no obstante, quiere desesperadamente legitimar el gobierno de Lobo a nivel internacional, especialmente a través de su readmisión en la OEA. Además quiere revivir el corrupto sistema bipartidista de Honduras para que el país puede simular un proceso electoral democrático. El elefante gigante en la sala es, sin embargo, Zelaya, el presidente depuesto exilado en la República Dominicana y sigue siendo el gran símbolo de la Resistencia al golpe de Estado, que une al amplio movimiento por la justicia social que desde entonces se ha levantado. Los grupos de derecha de Honduras quieren a Zelaya en la cárcel; los Estados Unidos lo quiere de regreso en Honduras, liberado de las acusaciones falsas contra él. Lobo tiene miedo, sin embargo (con razón) que el culto a la personalidad de Zelaya es tan inmenso que en el momento que él ingrese al país, la capacidad de Lobo para gobernar, siendo ya marginal, se evaporará.
Ahora los representantes Ros-Lehtinen y Mack están elevando las apuestas, poniendo a Honduras en la parte superior en su larga lista de la ultra-derecha de cosas por hacer en América Latina, para retroceder la ola de gobiernos de izquierda-centro-izquierda que llegaron al poder democráticamente en los últimos quince años (Ros-Lehtinen ha hecho llamados públicos para asesinar Fidel Castro.) Ambos visitaron Honduras después del golpe de Estado para demostrar su apoyo a la dictadura de Micheletti. El 5 de enero, en uno de sus primeros actos como presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Ros-Lehtinen escribió a Arturo Valenzuela, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y dijo que estaba "profundamente preocupada" por los informes que los Estados Unidos presiona al gobierno de Honduras para que retire los cargos contra Zelaya, y exigió que los funcionarios de EE.UU. dejarán de interferir en los procesos judiciales de Honduras.
Mack, por su parte, ha indicado que quiere llevar a cabo nuevas audiencias sobre Honduras. Él también quiere impulsar el diálogo para resituar a Zelaya como un criminal. "Lo que ocurrió en Honduras no fue un golpe de Estado" e insiste. "al día de hoy todavía estamos castigando a Honduras por hacer lo que nosotros esperaríamos que todos los países de América Latina hicieran." En respuesta al cable de filtrado de Llorens afirmando que sin duda fue un golpe de Estado, Mack ha pedido la renuncia del Embajador y prometió investigar.
La oscura figura detrás de gran parte de la espiral pro golpista en Washington es el cabildero Lanny Davis, viejo confidente de Hillary Clinton. Davis se vio obligado recientemente a dimitir de representar a Laurent Gbagbo, el fuerte hombre vicioso que actualmente aterroriza Costa de Marfil--alimentando las crecientes críticas que “el Sr. Davis se ha convertido en una especie de testaferro del lado oscuro”, como bien lo describió New York Times. Poco después del golpe de Estado en Honduras, Davis trabajó para un grupo selecto de sus patrocinadores para vender el golpe de Estado en los Estados Unidos. Ahora ha firmado un contrato con Lobo en el que ofrece una "respuesta rápida" contra las críticas al régimen en los medios de Estados Unidos.
Los liberales del Congreso enfrentan un desafío inmediato y desalentador en Honduras. Ellos están bajo una tremenda presión por cerrar filas detrás de Obama contra el resurgimiento del Partido Republicano, en este frente y en muchos otros. ¿Van a ayudar a la Casa Blanca a calmar a Ros-Lehtinen y Mack, suavizando su línea con Lobo? ¿O será que se afirmarán y pedirán el fin del apoyo de Estados Unidos para el régimen represivo? El 19 de octubre, veinte y nueve miembros del Congreso se unieron al representante Sam Farr en la firma de una carta a Clinton pidiendo que Estados Unidos cese la asistencia a Honduras y que deje de presionar a la OEA para readmitir a Honduras. ¿Seguirá creciendo su número o habrá algún senador demócrata que alce su voz contra los actuales abusos a los derechos humanos en Honduras?
En el terreno, la Resistencia está viva y bien, a pesar de la terrible e implacable represión. Pero para que el pueblo hondureño reconstruya su país desde abajo, con su propia y amplia visión de la justicia social, necesitan desesperadamente que los progresistas en los Estados Unidos los respalden, y se opongan a las políticas represivas en América Latina-ya sea la versión Obama o la agenda aún más aterradora de la derecha.
Traducción libre Voselsoberano.com
http://www.thenation.com/
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Published on Tuesday, January 11, 2011 by CommonDreams.org
In Honduras, the Holiday Season Brings Repression
by Dana Frank
As we settle into our warm winter naps in the United States, a new wave of military repression is sweeping through Honduras, directed at the campesino movement. In December troops moved in and once again attacked the poorest of Honduras' rural poor, who have been standing up for their rights with astonishing bravery since the June 28, 2009 military coup. Up here in the North we can turn cozily aware from their plight. But as we sleep, our tax dollars are at work funding the Honduran army, police, and ongoing illegitimate government.
For decades, the campesinos (peasants) of Honduras have been struggling for basic land rights, confronting a handful of elite oligarchs who have been gradually seizing their lands through extralegal means. And for decades, the campesinos have refused to starve, using collective action to demand meaningful land reform. The center of campesino struggle remains the Aguán Valley, in the Northeast corner of the country, where the country's richest and most powerful man (and the most important figure behind the coup), Miguel Facussé, has taken over much of the land in the lower Aguán Valley and planted it with African palms. He has his own private army, works closely with narcotraffickers in the region, and in many ways is more powerful locally than the Honduran national government.
Beginning last December, 2009, almost 10,000 campesinos, organized in the Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán (the Unified Movement of Campesinos of Aguán, MUCA) and other groups have been staging "recuperations" of lands illegally seized by Facussé. The resulting repression has been brutal: in the past year as many as 20 campesinos have assassinated by police, the army, paramilitaries, and Facussé's private troops. In April, 2010, President Porfirio "Pepe" Lobo Sosa sent in around 3,000 troops into the Aguán Valley to repress the campesino movement. Only after an international outcry did he pull out some of the troops and promise a small bit of land to the protesters.
Now a new wave of repression is terrorizing the region. On November 15, Facussé's hired assassins shot and killed five campesino activists in the Aguán Valley community of El Tumbador. The government has made no attempt to investigate the crimes. Completely thwarted on the legal front, on December 7, 2,500 organized campesinos from three different associations began a sit-in blockading the main highway running through the Aguan Valley, to demand an end to the ongoing militarization of the zone and justice for those murdered.
The night of Tuesday, December 14, the government announced it was going to forcibly remove the demonstrators from the highway at 6:00 the next morning. Somewhere between 800 and 1,000 troops poured into the area, surrounding the campesino community of Guadelupe Carney next to the highway. But just as the eviction was to begin, the protesters chose to voluntary leave the road.
When I arrived four hours later, the area remained completely militarized in a terrifying show of deliberate intimidation. On the way into the zone we passed two tear gas tanks and eight huge troop transport vehicles. As we entered the community we saw hundreds of police, army soldiers, special forces, private thugs, and troops in civilian clothes, walking in groups throughout the community and surrounding it completely. The residents told us they had not been allowed to leave since the evening before. I saw groups of officers search cars and houses, surround the local independent radio station, Radio Orquidea, for twenty minutes, and occupy the community-owned cafe. We could see snipers on the hillsides around the town. A helicopter circled round and round, low, with no apparent purpose except intimidation.
As time passed more and more troops began to show up and walk onto the grassy field in the center of town next to the church. They sat down with their backs against the few trees, sprawled across the lawn, or came in and out of a big grey-green military tent erected in the middle. Residents told me they'd seen several of the soldiers urinate in the church. That morning, I was told, the military had halted a bus of campesinos arriving to show solidarity, seized their cell phones, taken out the batteries, and hit two people.
The government's pretext for all this is to somehow show that the campesino movement is armed--and therefore justify the military occupation of the entire country. In a coordinated media campaign, it has alleged that arms are pouring in from Nicaragua and Venezuela and that human rights observers have come to the Aguan Valley only to lie about human rights abuses.
But the campesinos are unarmed. Desperate repeated searches of campesino homes, cars, and community buildings, the government has yet to find guns, and the protest movement remains astonishingly nonviolent after a year and a half of brutal repression. It's the government and its private allies that have the scary armaments. I saw hundreds of assault rifles and other weapons in the hands of the troops, in contrast to the campesinos' empty arms and empty stomachs. Moreover, the government is countenancing, indeed closely cooperating with an array of private armies that are proliferating in Honduras, especially Facusse's.
That same morning, on the opposite side of the country, in the community of Zacate Grande, the same array of private forces and government repression brutally attacked campesinos also challenging Facussé, in a campaign clearly coordinated with the actions in the Aguan Valley. Police, army soldiers, and the private police forces of the HSBC bank--suddenly claiming a different, unpaid mortgage on lands long owned by a local campesino family--attacked a group of campesinos refusing to leave their own land, launched tear gas and live bullets, and beat people brutally. Two people were hospitalized and twelve have been detained, including two journalists covering the attack.
Since the June 28, 2009 coup, as many as 200 people have been killed for their work opposing the regime, including trade unionists, gay rights activists, and ten journalists. Over 5,000 have been illegally detained. Women have been gang raped in custody, one of them gang raped again after she denounced it publicly. On September 15, in San Pedro Sula, the city's second largest city, troops tear gassed and invaded Radio Uno, an opposition Radio Station, and then broke up a concert, and tear gassed and beat up protesters at a large, peaceful demonstration by the opposition.
Yet in the entire year and a half since the coup, almost no one has been charged or prosecuted for any of this. Complete impunity reigns. In the words of Eduardo David Ardón, writing in the Honduran daily El Tiempo last week, "State terrorism has a green light, to exercise every kind of violence and commit crimes of every sort without being judged or investigated." Meanwhile, five judges and magistrates who protested the coup remain fired, despite outcries by the international justice community.
And our United States government is paying the bills. U.S. aid to the Honduran military and ongoing coup government, only briefly and very partially curtailed after the coup, now flows freely. The Honduran military continues its training programs in Fort Benning, Georgia--where officers remain undisturbed in their classes the very week after the coop. The Honduran police also receive generous and regular training from the United States government, including a "rigorous, seven-month course" at the National Police Academy, according to a recent press release from the U.S. -Honduran Joint Task Force-Bravo. "The goal is to provide assistance to the academy on a more regular basis."
As the campesino movement illustrates, though, despite all this hideous repression the Honduran people are still pushing forward with their vision of a new Honduras based on social justice and democracy. The resistance movement, uniting the women's, gay, labor, campesino, indigenous, and Afro-indigenous movements, the human rights community, and the progressive wing of the Liberal Party, continues to strengthen itself, now building a neighborhood-by-neighborhood structure in preparation for a National Assembly on February 26.
In January, the opposition's Alternative Truth Commission (not to be confused with the government's bogus Truth Commission, which is going nowhere fast), is sending out a team of investigators to verify post-coup human rights violations throughout Honduras, collect new testimony, and correlate the information from all the country's human rights groups. In contrast to truth commissions launched in other countries, though, it is operating under very dangerous conditions, as the conflict is by no means resolved and the commission, despite a prestigious international composition, has no governmental powers.
Meanwhile, at home, a newly empowered congressional Right is ready to pounce. Florida Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen is about to control the House Committee on Foreign Affairs, and her Cuban-American ultra-Right ally, Rep. Connie Mack, will head the Subcommittee on Western Hemispheric Affairs. They have already announced they plan hearings on Honduras with which to attack Obama from the Right.
As we awake from our holiday naps and begin the new year, Progressives need to demand, instead, that Congress challenge Obama from the Left, for his ongoing, overt support for the illegitimate coup regime in Honduras. But Congressmembers and Senators will only challenge the administration if we continue to build a grassroots movement, district by district, state by state, to pressure them from below--so that we can stop our US-funded military repression in Honduras, and help make it possible for the Honduran people to move toward the new, democratic society of which they dream.
Dana Frank is a Professor of History at the University of California, Santa Cruz. She is the author of Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America and Buy American: The Untold Story of Economic Nationalism.
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